SEFAR alerta de que en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, los establecimientos farmacéuticos están “en peligro de extinción”.
El sector viene reclamando una comisión anual que revise el índice corrector de márgenes, según el IPC.
Entre 2001 y 2018, el 63,2% de los municipios españoles ha reducido su población y los pronósticos indican una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031.

Tal y como ya señalaba el pasado año la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) en su estudio Pérdida de servicios básicos en el medio rural y despoblación. El Medio Rural y sus Oficinas de Farmacia (SEFAR, 2018), desde los años cincuenta del pasado siglo la pérdida de habitantes en el entorno rural de nuestro país ha sido continua y ha supuesto una progresiva desaparición de servicios básicos en ámbitos tan dispares como el social, el sanitario o el educativo.

La situación actual, lejos de revertirse, tiende a verse agravada. Así lo recoge el estudio Proyecciones de Población 2016–2066 (Instituto Nacional de Estadística -INE-, 2016), que señala que, de mantenerse las tendencias demográficas del año de publicación de dicha investigación, España perdería alrededor del medio millón de habitantes hasta 2031 y 5,4 millones en el año 2066, siendo Comunidad de Madrid, Canarias, Illes Balears, Región de Murcia y Cataluña los únicos territorios que ganarían población durante esos quince años.

Jaime Espolita, presidente de la SEFAR, se ha referido en reiteradas ocasiones al hecho de que la farmacia rural, sobre todo en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, se encuentra en verdadero “peligro de extinción”, siendo la situación de “ruina total”, y ha denunciado que se lleva alertando de esta realidad desde hace diez años.

En declaraciones a El Mundo, Espolita ha aludido al Real Decreto 4/2010, que estableció una modificación del sistema de precios de referencia y rebajas mensuales del coste de los genéricos. Según su punto de vista, las nuevas medidas propuestas por el Gobierno –recogidas en el documento elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que el Ejecutivo incorporó en su Plan de Estabilidad enviado a Bruselas y entre las que se encuentran, entre otras, la devolución al Sistema Nacional de Salud (SNS) de descuentos, o parte de los mismos, que los laboratorios de genéricos hacen a las farmacias en función del volumen de compras o la implantación de una subasta nacional de medicamentos– agravarían la situación de la farmacia rural.

En las provincias con más farmacias al límite de la rentabilidad (facturan menos de 200.000 euros al año), las conocidas como de viabilidad económica comprometida (VEC), los farmacéuticos coinciden con Espolita y entienden que el Gobierno debería mostrarles mayor consideración. Y lo mismo ocurre con otras farmacias rurales que no llegan a ser VEC (hay que cumplir otros requisitos, como participar en programas de atención farmacéutica), y cuya situación no es menos preocupante. Según el Consejo General de COF, de las 22.071 farmacias que hay en España, 2.128 están en municipios de menos de 1.000 habitantes y, de éstas, 1.208 en localidades por debajo de 500 habitantes…

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